El consorcio advirtió a comienzos de 2017 de que devolvería la concesión al Estado para su relicitación. La sociedad, que controla la constructora brasileña Odebrecht, no contaba con los 7.200 millones de dólares necesarios para el desarrollo de la infraestructura. Desde el pasado diciembre Enagás buscaba un acuerdo amistoso con Perú como paso previo al arbitraje, que finalmente no ha podido eludir.
Ahora, la compañía presidida por Antonio Llardén inicia el procedimiento arbitral, aunque ha anunciado que todavía confía en llegar a un acuerdo y para ello se pone a disposición del Estado peruano para "alcanzar un arreglo amistoso", dice en un comunicado. Enagás ratificó su objetivo de beneficio neto para 2018.