El escrito del fiscal, presentado ante el juez Ismael Moreno, se refiere a un supuesto delito relativo al mercado y a los consumidores cometido presuntamente por los directivos que decidieron un alza artificial del precio de la energía eléctrica entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, según la Audiencia Nacional.
En el marco de la investigación el miércoles se realizaron registros en las sedes de la compañía en Madrid y Bilbao, añadió el tribunal.
Iberdrola no quiso hacer comentarios, remitiéndose al comunicado en el que negó cualquier manipulación en noviembre de 2015, cuando la Comisión Nacional de Mercados y Competencia le impuso una sanción de 25 millones de euros por una "conducta muy grave".
La sanción fue recurrida por la eléctrica y no ha llegado a hacerse efectiva.