El agujero de Andalucía sigue creciendo

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09/07/2019 21:25

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha reiterado este martes que el actual gobierno de la región, de PP-A y Ciudadanos, quiere impulsar de nuevo la formación profesional para el empleo. Un ámbito que el PSOE-A dejó, según sus palabras, "absolutamente empantanado" en la comunidad autónoma.

Tanto es así que la Audiencia de Sevilla ha ordenado la reapertura de la causa de los cursos de formación de la Junta de Andalucía al estimar parcialmente el recurso presentado por el Partido Popular Andaluz contra el auto en el que la jueza María Núñez Bolaños archivó la pieza principal del caso hace ya tres años, en la que fueron investigadas 24 personas, entre ellas varios ex altos cargos andaluces.

Por otro lado, está el gasto del Servicio Andaluz de Empleo. Según señala el consejero de la Presidencia, se gastan más de 30 millones de euros en 1.071 nóminas de trabajadores procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) (son unos 28.000 euros por trabajador).

Faffe se creó en 2003, para promover la formación e inserción laboral de desempleados en la comunidad con mayor tasa de paro de España. Después, en concreto hace 8 años, se aprobó la ley de reordenación del sector público andaluz, que permitió su incorporación a la agencia que gestiona las oficinas del paro en la comunidad. Pasado este tiempo, esos más de mil empleados públicos continúan sin tener asignado y regulado su trabajo, según denuncia el actual gobierno. Su contratación, sin mediar una convocatoria pública, está siendo investigada judicialmente.

Es por eso que desde el actual gobierno dicen que están llevando a cabo un análisis de la situación y una vez concluya «se podrán identificar las tareas a desempeñar por las personas que ocupen los diferentes puestos de trabajo del personal laboral propio». Su objetivo, dicen, sería regular ese personal y asignarle tareas administrativas. Pero por ahora no están claras las tareas que desempeñan esos trabajadores, que cuestan como decimos 30 millones al año.

El exdirector de la Faffe, Fernando Villén, está investigado por gastar 31.969 euros en cinco prostíbulos con tarjetas oficiales. A través de él, entró en la fundación el exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García. Llegó a cobrar 535.000 euros y al parecer no aparecía por su puesto de trabajo. Lo mismo o parecido sucedía con Francisco Aguilera Acevedo, ex alcalde socialista de Montellano. Ambos están siendo investigados. Sobre el tema de los cursos y la formación, Antonio Torres Granados, hijo del primero, figura en la trama como «el mayor proveedor irregular de servicios de cesión de horas docentes». Cobró más de medio millón de euros durante once años como empleado de Faffe.

Se aplaza el juicio por los cursos de formación

Y mientras, el Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla iba a empezar la pasada semana la vista oral del primer juicio por el fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía. En el banquillo, el empresario José Sivianes, administrador de la entidad Formación Integral para el Empleo, su esposa y siete acusados más por presuntos delitos de fraude de subvenciones y de falsedad en documento mercantil. Pero el cambio el pasado 5 de junio del abogado de uno los acusados y la falta de tiempo para ponerse al día de todo el procedimiento provocó el aplazamiento del juicio hasta abril de 2020.

A todos ellos se les acusa de organizar una trama que logró la concesión de subvenciones de la Junta de Andalucía para programas de formación durante tres años, entre 2010 y 2012 con numerosas irregularidades. En total, habría sumado más de cinco millones de euros en esas subvenciones.

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