Críticas al decreto ley del Gobierno que paraliza la actividad económica

Algunos expertos consideran que el decreto puede ser inconstitucional y creen que puede afectar a la supervivencia de España

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30/03/2020 11:38

Arrecian las críticas a la decisión del Gobierno paralizar la actividad económica "no esencial" y de la publicación, casi a medianoche, del Real Decreto-ley que recoge la lista de los sectores que verán paralizada su actividad. En la Gran Tertulia de la Economía, han comentado la "irresponsabilidad" del Ejecutivo por tomar esta decisión sin consenso y sin haberlo comentado con los agentes sociales, sobre todo a los empresarios. Incluso apuntan a la posibilidad de que esa norma pueda ser, incluso, inconstitucional.

La Gran Tertulia Economía, ¿qué pasa con el Real Decreto del Gobierno?

Otr de las críticas se centra en que el Gobierno ha concedido una moratoria a ese cierre de toda actividad no esencial, anunciada este sábado por Pedro Sánchez para reforzar la contención del coronavirus. Ante las dificultades para acordar el detalle de las nuevas medidas, el Boletín Oficial del Estado (BOE) con el y aclara que estas medidas podrán entrar en vigor el martes.

Así Rubén García-Quismondo, Socio Director de Quabbala, Abogados y Economistas, ha calificado que se ha faltado al respeto a las leyes, cree que puede ser inconstitucional porque un Ministerio, en este caso el de Trabajo, "no puede intervenir a todas las empresas de este país".

Califica de incongruentes y de "chapuza" las medidas tomadas por el Gobierno ya que el número de fallecidos y el de sanitarios contagiados es la más alta a nivel mundial. Asegura que hace falta un liderazgo que no están demostrando. Desvela que no han "tramitado los ERTEs, no tiene ninguno número asignado y eso lo está haciendo el Ministerio de Trabajo". Dice García-Quismondo que menos mal que alguna empresa ha podido además presentar los ERTEs.


"No tramitan los ERTEs", señala Rubén García-Quismondo

Por todo esto pido "un gobierno de concentración nacional" para evitar un daño desproporcionado a las empresas que pagarán al final los más débiles. Insiste en que todo esto va a parar cualquier contratación que pudiera estar en marcha, incluso en las empresas que ahora tienen más trabajo como los supermercados.

Incluso señala que no se da cuenta el Gobierno que los ERTEs lo que hacen es garantizar el empleo cuando se salga de la crisis. Por eso con estas medidas asegura que va a abocar a las empresas a que se declaren en concurso de acreedores.

Rubén García-Quismondo, Socio Director de Quabbala, Abogados y Economistas

Hace falta liquidez

También ha intervenido, Fernando Zunzunegui, abogado y profesor, quien ha asegurado que la crisis es más grave de lo que apunta incluso Rubén García Quismondo. Por eso ha reclamado que se pongan en marcha medidas para dar liquidez "la gente necesita tener dinero en cuenta", ha asegurado Zunzunegui. Además las empresas necesitan unos créditos preconcedidos por eso mismo destaca que el BIS de Basilea ha puesto que se pongan en la cuenta una cifra que sería la cantidad pagada en impuestos en el anterior ejercicio.

Este abogado ha pedido una moratoria al pago de impuestos, señala que es "inconcebible" que no se ha concedido ya en un momento en el que no se puede pagar. Además ha criticado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por remitir a la página web de la Agencia Tributaria para los plazos para pagar estos impuestos.

El gobierno está improvisando, no guarda las formas, adopta algo en un consejo de ministros y lo cambia durante la tarde. "Eso es ilegal, debería haber convocado otro esa misma tarde", asegura Fernando Zunzunegui.

¿Cómo reiniciaremos la economía? Opina Fernando Zunzunegui

Fernando Zununegui

Otra propuesta

La patronal Foment del Treball cree que debería establecerse un procedimiento para que el Estado asuma el 75 por ciento de los costes laborales del permiso retribuido recuperable entre el lunes 30 de marzo y el jueves 9 de abril "en el caso de las empresas que no tengan la liquidez necesaria".

Para Foment, las empresas en este momento de lucha contra el coronavirus "requieren la suspensión del pago del IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades y las cotizaciones sociales porque eso representa capacidad de tesorería y liquidez".

En este punto, recuerdan que son "este tipo de medidas las que la Comisión Europea considera prioritarias para no fulminar el tejido productivo".

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