"Ser inmigrante en tu propio país (…) Ya van quedando vacíos los pueblos, ya van perdiendo los niños sus sueños". Así le cantan a su tierra, el septeto burgalés La M.O.D.A (La Maravillosa Orquesta del Alcohol). Una denuncia de tres minutos y medio del olvido de “la tierra que menos le importa al gobierno”, del “campo amarillo de Antonio Machado”.

La provincia de Burgos es un ejemplo del éxodo. En el último padrón publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia castellano leonesa cuenta con 357.070 personas, un 4,4% menos que los datos de hace 10 años.

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El descenso demográfico también se contagia a otras tres provincias de Castilla y León, especialmente acusado en Ávila con una caída del 7,78% con respecto a 2008 y que no frena su retroceso desde hace más de un lustro.

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La caída demográfica también se hace notar en Asturias, Jaén o Albacete. Allí, de 2008 a 2018, han perdido habitantes nueve de sus diez mayores municipios. Sin olvidar Teruel, allí ocho de las diez mayores localidades han menguado también en esa década.

"Jóvenes emigrando del pasado" cantan los jóvenes burgaleses y refrenda en Capital Radio Pau Miret, investigador del Centro de Estudios Demográficos, "han salido desde zonas rurales en busca de trabajo y servicios. La migración es un fenómeno voluntario que sale en busca de mejores condiciones".

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Frente a este éxodo, Madrid, Barcelona y, aunque de manera desigual, la costa mediterránea se revelan como grandes polos de atracción que extienden su alcance cada vez más lejos de sus zonas de influencia tradicionales. "El campo se ha quedado desierto, porque había más oportunidades en la ciudad", añade Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución.

El valor añadido bruto de la agricultura creció un 3,6%, frente al retroceso del 0,5% registrado en el trimestre anterior, pero la ocupación cayó un 1,1%. "La agricultura ha perdido su fuerza del Siglo XX, la industria y los servicios han asumido el peso en el mercado de trabajo", apostilla Miret.

Zamora, Soria, Teruel, Cuenca, Guadalajara o Burgos. El territorio de estas provincias alcanza el 15,65% del total nacional. Sin embargo, la suma total de su población sería de aproximadamente 1.205.000 habitantes, que, concentrados principalmente alrededor de las capitales de provincia, es solo el 2,58% de los 46 millones del total nacional. "No vamos a volver al pueblo, es muy difícil que los que se fueron vuelvan", señala Luis de Cristóbal, responsable de la iniciativa Repueblo.

En España hay 1.271 municipios con menos de 100 habitantes, con un total de 73.443 vecinos repartidos en varios ayuntamientos. A ellos hay que sumar 2.665 pueblos con entre 100 y 500 personas censadas, y aquí la cifra global es de 663.786 habitantes. Y casi otras 3.000 poblaciones acogen a entre 500 y 5.000 personas, con una población total de algo más de 5 millones de personas. Son cifras del INE incluidas en el informe Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados en España, publicado por SSPA.

No vamos a volver al pueblo, es muy difícil que los que se fueron vuelvan"

Luis de Cristóbal, responsable de Repueblo

"Hay que establecer medidas discriminatorias positivas y tenemos muchas necesidades", puntualiza Laura Ruiz, gerente de ADEL Sierra Norte, una iniciativa para promover el desarrollo local de la Sierra Norte de Guadalajara. "Ahora está de moda preocuparse por lo rural", añade Ruiz.

A puertas del 28 de abril y a pocos días de iniciar la campaña electoral, los políticos ponen sus miradas y centran sus promesas en las zonas más despobladas de España. "Es un proceso largo. Ahora estamos en periodo de elecciones y los políticos han visto que electoralmente deciden una serie de escaños", denuncia Miret.

La rebaja de impuestos es la medida estrella. Ciudadanos plantea una rebaja del IRPF en un 60% para aquellas personas que vivan en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Según la SSPA, el coste fiscal ascendería hasta los 335 millones de euros si se produjera una reducción del 50% de la carga impositiva.

Por su parte el PSOE incluyó en sus 110 medidas reducir "cargas administrativas y fiscales para generar empleo". Continuando con la propuesta de la SSPA, en estas regiones más desfavorecidas en cuanto a población se refiere se generarían más de 4.000 puestos de trabajo. El PP también ha fijado su atención en ámbito rural y habla de un "autonomismo útil" para combatir este problema. "Se puede revertir, pero llevamos 2 siglos con él y de una semana a otra no se va a revertir", puntualiza Miret.

Transformación digital

La digitalización de todos los sectores económicos y la llegada de la Industria 4.0 parece asentarse como uno de los aliados de la vuelta al pueblo. "El campo se ha quedado desierto, porque había más oportunidades en la ciudad. Las nuevas tecnologías abren ventanas de oportunidad para la venganza del campo", señala Gómez del Castillo.

Su apuesta es el teletrabajo, porque "la tecnología va a permitir hacer estas cosas", argumenta. Sin embargo, la apuesta del trabajo a distancia en el campo o alejado de las grandes ciudades encuentra otro obstáculo: la desconexión.

A las puertas de la llegada del 5G, uno de cada diez hogares españoles carece de banda ancha, según el Gobierno Es decir, cinco millones de españoles cuentan con una velocidad inferior a los 2 Mbps o directamente no tienen conexión. Un porcentaje que aumenta hasta el 15% en zonas como Asturias, Galicia o Murcia.

Nueve de cada diez ocupados no trabajó ningún día desde su domicilio particular durante el año pasado, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el INE. Sólo un 4,3% se acoge a la modalidad de teletrabajo más de la mitad de sus días laborales, mientras que para un 3,2% sólo es una posibilidad para ocasiones puntuales.

"Hay ciertas profesiones que ya se teletrabajan y hay posibilidad de hacerlo con vistas a las montañas o al atasco de la M30", explica el responsable de comunicación de Crédito y Caución. Sin embargo, según Adecco, las comunidades autónomas donde existe una mayor penetración son la Comunidad de Madrid (9,7%), Andalucía (8,4%) y la Comunidad Valenciana (8,1%). Mientras que el extremo contrario se sitúan las Islas Baleares (5,1%), Cataluña (5,3%) y Navarra (5,8%).