“Quiero ser muy claro, con gran pesar hemos decidido activar el procedimiento del artículo 7. Los hechos no nos dejan otra opción”. El 20 de diciembre el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, anunciaba la activación del artículo 7 de los tratados europeos ante la deriva autoritaria de Polonia en los últimos años. La decisión llegó después del ultimátum de agosto, cuando Bruselas dio a Varsovia un mes para corregir la reforma del sistema judicial que, a su juicio, pone en riesgo la separación de poderes y el Estado de derecho.

Tras aprobar el Gobierno polaco sin cambios la reforma judicial, Bruselas sacó la artillería poniendo en marca el artículo 7 que en su última expresión puede dejar a Polonia sin derecho de voto en el Consejo. “El patrón común de todos estos cambios legislativos es que los poderes ejecutivo o legislativo están ahora establecidos de tal manera que la mayoría gobernante puede interferir política y sistemáticamente con la composición, los poderes, la administración y el funcionamiento de estas autoridades” explicaba Timmermans.

El movimiento daba a Varsovia tres meses para reaccionar. Por el momento, el único cambio es la remodelación del gabinete, incluidas las carteras con los ministros más polémicos, además de la sustitución de Beata Szydlo por Mateusz Morawiecki como primer ministro. Para el profesor de política europea de la Universidad Complutense de Madrid, Sergio Príncipe, se trata más bien de un “lavado de cara ocasional” y no un cambio real que lleve a un verdadero acercamiento de posturas entre Varsovia y Bruselas.

Perder el derecho a voto sería una de las consecuencias “más radicales” que recoge el artículo 7, según explica Lucas González Ojeda, economista y portavoz de la Comisión Europea en España. Señala que actualmente hay hasta 13 leyes en Polonia que no son compatibles con la Unión Europea y que implican, sobre todo en el que caso de la reforma del sistema judicial, “un control político sobre el poder judicial”.

Pero privar a Polonia de voto es algo poco probable. Llegar a ese punto del mecanismo sancionador requiere unanimidad y al menos Hungría ya ha mostrado su predisposición al veto. República Checa o Rumanía también podrían oponerse y la Comisión tiene que hilar fino para evitar que las tensiones crezcan en un momento clave para el futuro y la construcción Europea, en plenas negociaciones del brexit, con procesos electorales clave pendientes de resolverse, el aumento descontento social y el auge de grupos extremistas.

Con todos estos retos pendientes, son muchas las voces que opinan que Bruselas podría transigir para conservar al país dentro del club comunitario. El portavoz de la Comisión, reconoce en Entre Líneas que “la participación de Polonia en la UE es fundamental” desde su entrada al grupo en el año 2004. La clave, según Sergio Príncipe, es que su participación en Europa nunca ha dejado de estar acompañada de una política muy nacionalista, alimentada desde el propio Gobierno que ahora se dirige al “autoaislamiento”.

Desde Polonia, el licenciado en ciencias políticas en la Universidad de Poznań y periodista en Radio Afera, Adam Blachowicz, explica que aunque el debate esté en la calle y haya habido manifestaciones multitudinarias en contra de algunas de las reformas, en general los ciudadanos “no dicen mucho porque están aburridos ya” y “soportan las políticas y el Gobierno de Ley y Justicia, aunque no estén de acuerdo con todas sus medidas, porque quieren evitar que Polonia se parezca a modelos de país que no comparten”.

El partido liderado por Jarosław Kaczyński ganó las elecciones en 2015 y ha conseguido mucho apoyo popular con programas sociales que han beneficiado a familias con rentas bajas o de zonas rurales. “Los polacos se interesan por el dinero, los apartamentos baratos que prometía el PiS en su programa, no les interesa la justicia. Kaczyński ha hecho un jaque mate a la oposición y ahora no tienen nada para luchar contra él” señala el politólogo.

También tiene muchos apoyos entre quienes desconfían del pasado comunista de los socialdemócratas o rechazan la llegada de emigrantes, especialmente del mundo árabe. Por otro lado, hay muchos críticos contra el funcionamiento de la propia Unión Europea, y rechazan que el autoritarismo en Polonia sea superior al de otros países europeos.

Según Blachowicz, los políticos de la oposición “no tienen ninguna alternativa para nosotros, no tienen ningún programa para convencernos de que deberíamos votar por ellos en las próximas elecciones”. Añade que en los últimos sondeos la popularidad del PiS ronda el 40%, frente al 15% de la oposición. En muchos casos, el sentimiento ciudadano es que “la Unión Europea tiene que dejar a Polonia en paz”.

Tanto el Gobierno como la Embajada de Polonia en España, así como los eurodiputados polacos contactados, han rechazado hacer declaraciones y responder a las preguntas de Capital Radio.