El Parlamento Europeo debate la revisión de los objetivos climáticos de 2035 para el automóvil, tras conocerse los informes de las comisiones de Medio Ambiente, Industria y Energía, y Transportes. Estos documentos señalan el potencial que tienen los combustibles renovables en la descarbonización del transporte por carretera, abriendo un debate sobre la neutralidad tecnológica que contrasta con la posición del Gobierno español. Sobre ello hemos hablado con María Ortiz, Secretaria General de UPI; Salvador Guillén, Director de ATliq; y Guillermo Mariscal, diputado del Partido Popular. Como siempre Inés Cardenal, portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables.
Inés Cardenal, portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables, recordó que "en este momento, el 14% de lo que repostamos en cualquier estación de servicio ya tiene un contenido renovable" y que "en más de 1.600 estaciones de servicio en España se vende combustible 100% renovable. Tenemos la mayor red de Europa de combustible 100% renovable". Sin embargo, lamentó que "ese combustible renovable paga exactamente el mismo impuesto que si fuese fósil".
Guillermo Mariscal, diputado del Partido Popular, criticó la posición del Gobierno español: "Limitar esas y que sea el propio Gobierno de España el que esté abanderando esos límites en contra de 17 países que se oponen firmemente a esa regulación es extrañísimo". Mariscal cuestionó: "¿Por qué motivo, después del suicidio energético que supuso el colapso eléctrico del 28 de abril, por qué otra vez volvemos a abanderar el suicidio energético, en este caso con los combustibles líquidos?". El diputado popular denunció que "resulta que este Gobierno para 2035 también se opone al etiquetado verde de biocombustibles.
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Debate sobre la neutralidad tecnológica con María Ortiz, Secretaria General de UPI; Salvador Guillén, Director de ATliq; y Guillermo Mariscal, diputado del Partido Popular. Como siempre Inés Cardenal, portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables
Falta neutralidad tecnológica
María Ortiz, secretaria general de UPI (Unión de Petroleros Independientes), puso en valor el potencial de reducción de emisiones de los combustibles renovables: "Si tenemos en cuenta que los coches de gasolina y diésel en España representan más del 90% del total de vehículos ligeros, un 1% más de combustibles renovables en el total de carburantes en España equivale a incorporar 425.000 vehículos eléctricos al parque". Ortiz enfatizó que "sustituyendo el combustible fósil por el renovable, obtenemos una reducción inmediata" y que esta reducción "está certificada, porque está obtenida a lo largo de todo el ciclo de vida".
Salvador Guillén, director de ATliq (Asociación de Terminales de Líquidos), destacó las ventajas competitivas de España en infraestructuras: "España tiene una gran ventaja competitiva también en el sistema de distribución de combustibles, que ha sido alabado en diferentes ocasiones por la Agencia Internacional de la Energía, y reconocido como uno de los más eficientes del mundo".
Mariscal defendió la neutralidad tecnológica: "Si el objetivo es la descarbonización, lo que hay que permitir es que la industria se descarbonice. Y que tengamos la capacidad de elegir por qué método, por qué camino se descarboniza una u otra industria". El diputado argumentó que "un país que renuncia a las capacidades que tiene, está disminuyendo las oportunidades a las que tiene acceso la gente. Entonces, si tenemos capacidad para cambiar la molécula, su origen, digamos, de fósil a bio, ¿por qué no optamos por ese camino siendo compatible con el eléctrico?".
Sobre la fiscalidad, Mariscal fue contundente: "No se puede gravar de igual forma a productos que son diferentes. No es lo mismo el biocombustible, que viene de valorizar residuos, por tanto, de agilizar y facilitar, liberar problemas en el territorio, de otro que es de la importación". El diputado defendió que "hay que incentivar la fabricación de biocombustibles. Y yo creo en el incentivo y no en las obligaciones. Y por tanto, no hay mejor manera de incentivar que la de garantizar una fiscalidad que sea más atractiva".
Los participantes coincidieron en señalar una oportunidad perdida. Ortiz apuntó que "ahora, que se ha aprobado una rebaja del impuesto especial a los carburantes, el impuesto al biodiésel y al bioetanol era idéntico a la gasolina y al diésel. Una oportunidad para haberlo diferenciado, que no se ha hecho". Guillén añadió que "se ha perdido una oportunidad de incentivar y dar una señal al mercado sobre los impuestos de los combustibles renovables y reconocer en la fiscalidad la diferente capacidad de reducción de emisiones que tienen unos y otros".
El debate evidencia la creciente brecha entre la posición del Gobierno español y la de otros países europeos, así como la del sector industrial nacional, en un momento en que la Unión Europea revisa sus objetivos climáticos y España cuenta con ventajas competitivas significativas en refino, producción de biocombustibles e infraestructuras logísticas.
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