El Consejo de Ministros ha aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031. Contempla una subida media anual de las tarifas del 0,33% en la red gestionada por Aena. Es un incremento que equivale a tres céntimos de euro por pasajero y año, algo que el Gobierno considera prácticamente una congelación. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que las tarifas españolas son de las más competitivas de Europa.
¿Qué proponían las partes?
Esta subida queda muy por debajo de la propuesta inicial de Aena, que planteaba un incremento medio anual del 3,82% -unos 43 céntimos por pasajero- mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó una reducción del 0,59% anual durante el quinquenio. Finalmente, el Gobierno ha optado por seguir lo señalado en un informe final elaborado por el Ministerio de Economía y subirlas un 0,33%. Sin embargo, esta subida no contenta a compañías aéreas como Ryanair. La compañía ha señalado que el Gobierno ha desaprovechado una gran oportunidad para "impulsar el crecimiento del tráfico y del turismo" y ganar competitividad. No obstante, ha asegurado que Ryanair busca "seguir creciendo con fuerza en España" y que quiere colaborar con Aena y con el Gobierno para garantizar que "la mayor parte posible" de su aumento de flota llegue a España.
Para fijar las nuevas tarifas, el Ejecutivo ha partido de una previsión de crecimiento medio anual del tráfico de pasajeros del 1,8% durante los próximos cinco años. Una demanda sobre la que también se ha calculado el volumen de inversión que van a necesitar los aeropuertos.
Más inversiones en los aeropuertos
Concretamente, el plan prevé inversiones por 13.000 millones de euros en el quinquenio. 9.900 millones va a corresponder a inversión regulada y procederán exclusivamente de las tarifas aeroportuarias, mientras que el resto se va a financiar con ingresos obtenidos por Aena.
Los socios de Gobierno han manifestado su disconformidad… Sumar ha expresado su firme rechazo al DORA III al considerar que es un plan “absurdo” que compromete inversiones sin garantías e impulsa “más emisiones y más presión turística”.
Sin embargo, la decisión llega en un contexto de fuerte peso del transporte aéreo en la economía turística española. Los aeropuertos representan aproximadamente el 6% del PIB y el sector emplea a 600.000 personas.
