España se enfrenta a un dilema energético sin precedentes. Mientras 12 países de la Unión Europea se han comprometido a triplicar su capacidad nuclear para 2050, España mantiene su plan de cierre completo para 2035, convirtiéndose en una excepción junto a Bélgica en el panorama europeo.
El primer cierre programado afectaría a la central extremeña de Almaraz en apenas dos años. Sin embargo, sus propietarias (Iberdrola con un 52% y Endesa con un 36%) han presentado un plan para extender tres años más la vida del primer reactor, argumentando razones de seguridad y estabilidad del sistema eléctrico.
Nuria Rabanal, directora de la Cátedra de Seguridad y Defensa de la Universidad de León, analiza la situación:
Nuria Rabanal, experta en seguridad energética, reconoce que la Unión Europea va a sufrir una fuerte subida del gas por su falta de reservas.
"Hay por un lado una realidad económica y energética que se impone. Y por otro lado, no podemos olvidar que el sector energético es un sector fuertemente intervenido y que subyace del contexto político en el que nos movemos"
La experta señala que las eléctricas han sido "conscientes de que el precio energético, aunque el Gobierno actualmente ha apostado por las energías renovables, lo que ha sucedido es lo que presuntamente es la explicación del fallo energético que tuvimos unos meses".
"La Unión Europea ha marcado claramente que la transición a la descarbonización supone una apuesta por la energía nuclear, que en sí misma no es contaminante. Lo contaminante son los residuos. Pero es políticamente incorrecto y va en contra del postulamiento del actual Gobierno", explica Rabanal.
El dilema de las renovables y la estabilidad del sistema
Según la especialista, existe una limitación fundamental en la estrategia energética actual: "El sol calienta cuando calienta, el viento sopla cuando sopla, y las energías renovables, quitando la gran hidráulica por la que este gobierno también ha apostado por su cierre, entran en contradicción con su propio principio empresarial, que es mantener unos beneficios estables vinculados a una economía y a un empleo".
El gobierno ha derivado la decisión final sobre la extensión de Almaraz al Consejo de Seguridad Nuclear, en lo que Rabanal interpreta como una estrategia política: "Se ha desviado toda la atención al Consejo de Seguridad Nuclear, una vez más, para que sea otro organismo presuntamente independiente quien aconseje al Gobierno".
"España es una isla energética y dependemos fundamentalmente de las importaciones provenientes del norte de África, con los cuales no nos caracterizamos precisamente de tener muy buena relación", advierte la experta, quien añade que "el gas natural licuado viene de dos sitios: uno Estados Unidos y otro los países árabes".
"Todo va a salir caro a los ciudadanos de España. Cerrar las nucleares: 20 mil millones de euros. Estas indecisiones mantienen los precios de la energía alto. Depender del gas natural licuado que se compra en los mercados ha elevado los costes de la energía, y la factura la pagamos los ciudadanos y las empresas"
