El debate social y judicial iniciado a raíz de la sentencia del caso “La Manada” y las posteriores declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, centran la atención en la semana en que las asociaciones de jueces y fiscales retoman sus protestas. Se han convocado paros de una hora y mañana la protesta llegará a las puertas del ministerio con una concentración. Las reclamaciones terminarán el día 22 de mayo con la convocatoria de una huelga.

Raimundo Prado, presidente de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria Raimundo Prado, presidente de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria

“Lo que pedimos va dirigido a los dos poderes restantes” explica Raimundo Prado, presidente y portavoz de la Asociación de Jueves Francisco de Vitoria. Sus peticiones se refieren al modo de elección de los vocales, la regulación de las cargas de trabajo y los horarios. Las reclamaciones también pasan por las condiciones profesionales y salariales, y las oposiciones. “La planta judicial en España es de las ratios más bajas de Europa en relación con el número de habitantes” señala Prado.



Las protestas de esta semana llegan después de que la semana pasada secundaran los paros 1.965 jueces y 955 fiscales, un seguimiento en torno al 40%.

Respecto a la polémica de las últimas jornadas, advierte Prado que aludir a la vida personal de un juez tras poner una sentencia “para lanzar alusiones veladas” le parece “muy grave”. Considera que esto “le va a pasar factura al ministro” y ha conseguido que “por primera vez en la historia” jueces y fiscales al unísono pidan su dimisión.

En cuanto a la polémica sentencia, Prado asegura que los jueces han aplicado las normas y recuerda que “no las hacemos los jueces, las hacen el Parlamento y el Senado”. El portavoz de esta asociación de jueces reflexiona sobre las convicciones democráticas de quienes se manifiestan contra la justicia, “quizá no les guste vivir en un estado de derecho”, comenta.