El socio de Corporate Finance de Crowe Horwath, José García Albí, considera que Abengoa está haciendo "ingeniería jurídica", porque en el pacto la compañía no ha obtenido un acuerdo de refinanciación con los acreedores sino un pacto de espera, algo "que no está contemplado en la ley". Ahora la clave está en lo que diga el 25% restante, que tiene derecho a reclamar jurídicamente sus créditos. Por otro lado, “como el juez diga que hay una prórroga para una compañía, tendrá que haberla para todas” asegura este experto, quien incide en que no es prorrogable ni conforme a la ley.
En la misma línea se manifiesta Hermenegildo Altozano, abogado de Bird&Bird. Apunta que el problema no es de Abengoa, sino de los acreedores, porque podrían tener un “roto en sus cuentas”. A pesar de que la ley concursal protege a ambas partes, destaca que quizá los acreedores no hicieron la “debida diligencia” al examinar las cuentas de la compañía cuando decidieron prestarle dinero. Se muestra contrario a la prórroga acordada estos últimos días y señala que no se pude modificar una norma jurídica a favor de una empresa. También es crítico con un posible rescate de Abengoa: “Lo último que podría suceder es que saliera un solo duro del bolsillo de los contribuyentes españoles para sostener una empresa por grande que sea”.
Más optimista es César Fernández, profesor del Máster en Corporate finance del IEB. Considera que, por el momento, la solución alcanzada es buena para todos. Argumenta que los acreedores recuperarían una parte muy baja de sus préstamos en caso de liquidación, porque la compañía prácticamente no tiene activos. “A ellos les viene mejor una Abengoa que siga en funcionamiento, que pueda generar caja para pagar sus deudas” explica. Fernández también mira al futuro, porque la empresa ahora necesita unos 2.000 millones de euros para afrontar su nueva financiación y poder acometer proyectos.
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