El Consejo de Ministros ha aprobado un Real decreto-ley por el que amplía la moratoria de concursos de acreedores del 31 de diciembre de 2020 establecido inicialmente hasta el 14 de marzo de 2021 a fin de que empresas viables, pero afectadas por la pandemia, puedan continuar su actividad en el futuro y no verse abocadas a la liquidación. "No estamos de acuerdo con la decisión", apunta Diego Comendador, Presidente en ASPAC (Asociación Profesional de Administradores Concursales).
La norma extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión de la obligación de los deudores de solicitar concurso de acreedores (concurso voluntario), así como la obligación del juez de admitir a trámite el concurso si lo solicitan los acreedores antes de esa fecha (concurso necesario).
"Habría que hacer un triaje, porque hay empresas que son viables y podrían pedir ese concurso y salir mejor", señala Comendador en los micrófonos de Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz.
El texto aprobado este martes amplía hasta el 31 de enero la obligación del juez de no tramitar las solicitudes que formulen los acreedores por el incumplimiento por parte de los deudores de los acuerdos de refinanciación o convenios que se hubieran alcanzado.
"Hay que tener claro que los recursos públicos no son infinitos", señala el presidente de ASPAC. "Esto puede alargar la vida de empresas que no son viables y consumir recursos públicos que no son ilimitados", señala.
Avalancha de concursos
Según la estadística de Procedimiento Concursal que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas subieron un 1,6% en el tercer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2019, hasta sumar 1.678, en un contexto marcado por el Covid-19, y un 51% en tasa trimestral, el mayor aumento intertrimestral en casi ocho años.
En concreto, las familias que se declararon en concurso de acreedores subieron un 6,7% en el tercer trimestre del año en tasa anual, hasta sumar 652, mientras que las empresas concursadas disminuyeron un 1,4%, hasta 1.026 procedimientos de quiebra.
