Está previsto que el fabricante nipón presente el próximo abril un plan de reestructuración elaborado por un panel de expertos externos a la compañía, con vistas a garantizar su viabilidad tras el escándalo de los airbag defectuosos.
Takata estima que los costes derivados de las llamadas a revisión de millones de vehículos en todo el mundo debido al fallo técnico de sus airbag ascienden a unos 25.000 millones de yenes al año (196 millones de euros/ 219 millones de dólares).
Además, Takata debe abonar a las autoridades de Estados Unidos 200 millones de dólares (179 millones de euros), incluida una multa de 70 millones (62 millones de euros), por el defecto de millones de airbag y la forma en que el fabricante japonés llamó a revisión las unidades afectadas.
También incluiría el recorte de puestos de trabajo en Norteamérica, Sudamérica y Asia.
