El ministerio Público ha solicitado 18 años de cárcel para Jenaro García, el fundador de la empresa de redes wifi Gowex, por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, fraude de inversores, apropiación indebida, fraude a los presupuestos de la Unión Europea y uso de información relevante.

En el escrito, que recoge la agencia EFE, también reclama la misma pena para Florencia Maté, consejera de Gowex y esposa de Jenaro García. También solitica 17 años y medio de prisión para el secretario del consejo de administración, Francisco Manuel Martínez. La fiscalía pide que hagan frente, en conjunto, a indemnizaciones que superan los 20 millones de euros.

El pasado 13 de agosto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz propuso juzgar al fundador de la empresa Gowex, Jenaro García, por presunta estafa y falsedad contable. En el auto, Pedraz también extendía su decisión a la mujer de García y consejera de Gowex, firmante de las cuentas de los ejercicios 2009-2012, y al secretario del consejo de administración.

La empresa de redes wifi Gowex saltó por los aires en julio de 2014, cuando la firma Gotham City Research publicó un informe que sacaba a la luz un falseamiento continuado de las cuentas. Gowex solicitó entonces el concurso de acreedores, fue suspendida de cotización del MAB y miles de accionistas quedaron atrapados perdiendo toda su inversión.

Semanas antes, Jenaro García, pasaba por los micrófonos de Capital Radio y mantenía una entrevista con Luis Vicente Muñoz en la que reconocía sus malas prácticas y explicaba cómo se enfrentaba a la posibilidad de enfrentarse a la cárcel. Aquí puedes escuchar la entrevista completa.

Según Anticorrupción, que reconoce la confesión como atenuante, los tres principales acusados "idearon y llevaron a efecto la creación de una estructura para Let's Gowex y Gowex Wireless basada en aparentar la bondad y credibilidad del proyecto empresarial, sustentado en una cifra de negocio que no correspondía a la realidad". Para ello, "simularon" un flujo de operaciones comerciales "inexistentes" mediante la elaboración de contratos y contabilización de facturas ficticias que no obedecían a prestaciones de servicios ni a finalidad comercial, a través de sociedades sin realidad económica.

El Ministerio Fiscal atribuye además un delito de fraude en los presupuestos de la Unión Europea al valorar que la empresa había recibido un préstamo de 1,2 millones de euros en el que también participaba el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.