En el entorno de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, parece que es fundamental el control de las comunicaciones. Una forma de impedir el cumplimiento de la Ley es encriptar la información.

Consecuentemente, los gobiernos descubren que para acceder a nuestras comunicaciones tienen un problema: la encriptación, que entorpece la investigación. Por lo tanto se plantean si hay que prohibir la encriptación y si es posible hacerlo.

Por ejemplo en Francia o en Rusia hay normativa que la restringe o prohíbe. Y en Virginia la policía puede obligarte a desbloquear tus smartphones mediante tu huella digital aunque te quede tu password, para poder acceder a tu teléfono.

¿Y cómo afecta esto al mundo empresarial ? Primero, hay que tener en cuenta que algunas de las más utilizadas formas de comunicación actuales como iMessage, Snapchat o WhatsApp están encriptadas.

Segundo, con el fin de que nadie tenga del todo el control, las empresas acaban contratando el almacenamiento de su información en unos proveedores y encriptándola con otros.

Tercero, puede producirse movimientos de compañías entre países para evitar la ilegalidad, en función de como prospere la prohibición en los diferentes estados.

Cuarto, la propia Unión Europea tiene claro tanto que la confianza en las comunicaciones es algo fundamental, como que si se detectan actividades ilegales en la red, los proveedores de servicios habrán de actuar inmediatamente.

Evidentemente, las empresas del sector de las tecnologías de la información pueden sufrir un importante revés en donde prospere la prohibición, a menos que se vea como una oportunidad para desarrollar y trabajar con otras tecnologías.

Al final, si el enfoque de la prohibición fuera muy amplio esto repercutiría incluso en aspectos tan habituales hoy día como es el uso del correo electrónico a nivel de empresa, las tarjetas de crédito, formas de pago con móviles, sistemas de apertura o acceso, pasaportes y tarjetas de identificación...

Además, hay que hablar, no solo de legalidad, sino de si es posible poner en práctica la prohibición porque parece muy complicado lograr que todas las compañías respondan a las exigencias de los respectivos gobiernos ya que técnicamente se comenta que sería necesario que trasladasen sus servidores a su territorio y permitieran el acceso, por lo menos con facilidad.

Pensemos también que si llegan a conocerse estos movimientos puede producirse fugas de clientes que sospechen que la seguridad de sus datos está amenazada.

Por otra parte, estamos hablando de una tendencia de los gobiernos que avanza poco a poco y prevemos imparable por las amenazas que todos conocemos. Las noticias de ayer mismo dicen que las agencias americana NSA e inglesa GCHQ han logrado acceder a la red de Gemalto, que es el mayor fabricante de tarjetas SIM, consiguiendo los códigos secretos que desbloquearían nuestros teléfonos.

Acabemos dejando constancia de que los detractores de estas medidas creen que el tema se debería acometer con menos control y con más inteligencia.

Como siempre, jurídicamente habrá que buscar el equilibrio entre la libertad de expresión, el respeto a la confidencialidad y la seguridad.