En el marco del atentado de ayer de Manchester, tenemos una buena y una mala noticia sobre la cooperación internacional española para perseguir el delito.

La buena noticia es que ayer mismo se hacía público un dictamen de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado que se esfuerza por la cooperación a nivel europeo de las investigaciones en el terreno criminal.

La mala noticia es que ayer también finalizó el plazo que una Directiva europea concedía a nuestro país para poner en marcha la Orden Europea de Investigación. Por eso el movimiento de la Fiscalía, para solventar el vacío legal.

Y es una pena porque frente al terror no queda otra cosa que mejorar los recursos de quienes trabajan para atrapar al malo y ponerlo a buen recaudo.

En este caso el retraso legislativo de España, por ejemplo, impide que se agilice el procedimiento para solicitar directamente a las autoridades homólogas de la Unión Europea las pruebas que incorporan a los procesos abiertos en España.

Hasta ahora era necesario poner en marcha tratados internacionales y el mecanismo denominado exhorto europeo que aproximaba a las diferentes autoridades a la hora de practicar diligencias y obtener pruebas, pero a partir de ahora la Orden Europea de Investigación pretende sustituir ese antiguo mecanismo.

Francia y Alemania han hecho sus deberes. Bélgica, Portugal, Reino Unido, Austria e Italia han apurado los plazos mientras que España ha excedido la fecha límite que era el día de ayer. Parece increíble que en estas cuestiones de carácter técnico no estemos a la última, no se aprovechen todos los recursos posibles, cuando la amenaza está ahí fuera.