“En Europa no nos invade nadie. El año pasado hubo solo 600.000 peticiones de asilo en todo el espacio europeo, que es una cifra ridícula, y no llegan porque no les dejan llegar. Se han ahogado ya en el Mediterráneo más de 15.000 personas. El efecto llamada de la crisis migratoria son las bombas y ver que la muerte te acecha”, sentencia María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en Entre Líneas.



El debate sobre las políticas migratorias y la respuesta al flujo de personas refugiadas hacia costas Europeas ha vuelto a la agenda política internacional tras la crisis del Aquarius y ha traspasado el océano al denunciarse en Estados Unidos la separación de menores de sus progenitores en la frontera con México.

A petición del presidente de la Comisión Europa, Jean Claude Juncker, se han reunido este domingo varios líderes europeos para abordar la cuestión migratoria antes del Consejo Europeo de esta semana. Sobre el encuentro planeaba la propuesta de crear campos de refugiados fuera de Europa, lo que han denominado “plataformas de desembarco para las llegadas irregulares”. La idea llega en un momento de máxima presión política sobre el gobierno alemán y el italiano, que necesitan concluir el Consejo con resultados que valgan a su electorado.

Los líderes de la Unión Europea esperan lograr un acuerdo sobre inmigración próximamente, aunque no han acordado la firma de ningún documento sobre los "centros de desembarcos" propuestos por Francia. El consenso alcanzado se dirige a trabajar más con los países de origen y tránsito de la inmigración, mejorar la protección de las fronteras exteriores, y reformar los procedimientos de asilo, entre otras cosas, para atajar la migración secundaria.

En clave económica, los 16 países reunidos están de acuerdo en que debe cubrirse el agujero de financiación que supone cooperar con terceros países. Se comprometen a abordar partidas que aún no se han desembolsado dentro de programas que ya existen, en concreto, una de 500 millones de euros del Fondo de la UE para África y el segundo tramo de su acuerdo migratorio con Turquía, de 3.000 millones de euros.

En cuanto a las fronteras, los países están de acuerdo en reforzar a Frontex y ampliar las competencias de la Oficina Europea de Ayuda al Asilo. Sobre la mesa estaba también el plan italiano, que aboga por crear centros en países fuera de la UE en los que se decida de antemano quien tiene derecho al asilo y quién no, de modo que se eviten las salidas hacia Europa.

Para el catedrático de relaciones internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Sanahuja, “la cuestión migratoria se ha convertido en un discurso que ofrece enormes réditos electorales, donde la extrema derecha saca provecho”.

En lo único que los países europeos parecen estar de acuerdo es en la “política de la chequera”: prestaciones económicas a terceros países y externalización del problema. “Hay una visión de eficiencia económica en la cual el problema de la migración se debe regular adecuadamente porque necesitamos trabajadores para sostener nuestros mercados de trabajo y sistemas de previsión social”, explica Sanahuja.

Paradójicamente, lo que se ha impuesto es el relato de que la inmigración es una amenaza para el empleo, la cohesión social y los valores. “Esto es una construcción, no es un hecho dado, es un relato político que moviliza y que está rentabilizando la extrema derecha para llegar al poder. El resto de partidos tienen que asumir este discurso securitario para evitar perder apoyo electoral”, concluye el catedrático.