El foco mediático del momento pone contra las cuerdas a la política española, que, una vez más se ha visto salpicada por una nueva trama de corrupción en uno de los principales partidos, el PSOE, que ante esta situación, está en la cuerda floja.
Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, acusado de cobrar comisiones en una red que también salpica a empresas del Ibex 35.
El protagonista del último culebrón se lo lleva Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, hasta hace unos días secretario de organización del partido, y ahora señalado por la UCO como conseguidor de al menos 620.000 euros en mordidas en la trama en la que presuntamente participaron José Luis Ábalos y Koldo García.
El PSOE no es el único implicado
El escándalo no solo salpica a los diputados socialistas, sino también a varias empresas implicadas, entre ellas Acciona, una de las compañías del Ibex 35. El foco se ha centrado también en Levantina Ingeniería y Obras Públicas y en Regadíos, que, junto a Acciona, habrían resultado beneficiadas con adjudicaciones de obra pública tanto por parte del Gobierno de Navarra como del Ministerio de Transportes, presuntamente a cambio de comisiones.
Ante esta turbulencia que agita a la política española y también a las empresas corruptoras, desde Sumar no han dudado en señalar a estas últimas, impulsando una reforma para impedir que empresas corruptas accedan a contratos públicos.
Desde la patronal, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, insiste en responsabilizar únicamente a los políticos corruptos y afirma que es una equivocación señalar a las empresas.
El PSOE había hecho bandera de la lucha contra la corrupción, especialmente tras la moción de censura de 2018 que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia, motivada por los escándalos que salpicaron al PP, como la trama Gürtel, ahora los socialistas atraviesan uno de los momentos más delicados de la legislatura.
En Estados Unidos, la financiación de los partidos políticos proviene principalmente de fuentes privadas, incluyendo donaciones —incluso anónimas— de ciudadanos y empresas. En cambio, en España el sistema está mucho más regulado, y la mayor parte de los fondos que reciben los partidos proviene del Estado.
¿Servirá este nuevo caso para que realmente se apliquen las medidas contra la corrupción que ya existen y para que se implementen nuevas que puedan ser realmente útiles?
