Los créditos ICO se configuraron como una tabla de salvación durante la pandemia de 2020, cuando empresas y comercios cerraron de la noche a la mañana. Sin embargo, seis años después, estos préstamos representan un auténtico lastre para muchas compañías que intentan reestructurar sus deudas. De ello hemos hablado en este espacio con Surus dedicado a la Reestructuración y Segunda Vida.
Beatriz Rúa Peláez, socia en Vaciero Procesal y Concursal, aclara un aspecto fundamental: "Los créditos ICO son créditos que no otorga el ICO a pesar del nombre, sino que son créditos otorgados por las entidades financieras con el aval del ICO". Esta estructura introduce un tercer actor en la ecuación: el Estado como avalista.
Alicia Tabanera, abogada del departamento de insolvencias de Surus, desmiente un error común: "Si yo tengo un préstamo de 100.000 euros avalado en un 80%, no significa que solo tengo que devolver 20.000". La deuda es 100% de la empresa, y el aval estatal solo funciona como red de seguridad en caso de impago.
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Los créditos ICO se configuraron como una tabla de salvación durante la pandemia de 2020, cuando empresas y comercios cerraron de la noche a la mañana. Sin embargo, seis años después, estos préstamos representan un auténtico lastre para muchas compañías que intentan reestructurar sus deudas. De ello hablamos con Beatriz Rúa Peláez, socia en Vaciero Procesal y Concursal; y Alicia Tabanera, abogada del departamento de insolvencias de Surus,
Muchas compañías están asfixiadas
Durante la pandemia se otorgaron más de 140.000 millones de euros en financiación con avales del 70-80% del Estado. Estas operaciones permitieron a las empresas ganar tiempo, pero no solucionaron el problema de fondo. Ahora, con márgenes de beneficio contraídos por el incremento de materias primas y costes energéticos, muchas compañías se encuentran asfixiadas.
El principal obstáculo surge en los procesos de reestructuración. Rúa Peláez explica que las entidades financieras, al representar los intereses del ICO, no pueden votar a favor de medidas como quitas, capitalización de deudas o conversión en préstamos participativos sin perder la garantía estatal del 80%.
Esta rigidez complica las reestructuraciones contempladas en la Ley 16/2022, que permite ajustar el pasivo a los flujos de caja de empresas viables operativamente. "Hay que buscar un equilibrio entre la preservación del dinero público y el interés de las empresas viables en subsistir", concluye la experta.