Los sindicatos de estibadores han desconvocado la huelga prevista para la próxima semana, en concreto para los días 20, 22 y 24 de febrero.

Lo hacen después de que el Gobierno haya retrasado una semana la aprobación del real decreto ley de reforma de la estiba, prevista inicialmente para este viernes. Se abre un nuevo periodo de negociaciones con el ministerio de Empleo como mediador. Según los sindicatos, Fomento aceptó abrir una vía de diálogo, después de que varios grupos parlamentarios aseguraran que no respaldarían una reforma sin negociación.

Según Fomento, algunas cuestiones planteadas por los sindicatos, como garantía de los puestos de trabajo (subrogación), profesionalidad de los trabajadores y modo de organización del trabajo en los puertos, no tienen cabida en el Real Decreto Ley porque la Comisión Europea (CE) no lo permite, pero sí pueden abordarse mediante la negociación colectiva.

Poco antes de que los sindicatos anunciaran que no ejercerían su derecho a la huelga -con la que se perseguía llamar la atención sobre lo intolerable de una imposición en una modificación legislativa de este calado-, la patronal Anesco manifestaba a Fomento su disposición al diálogo con la parte social y valoraba la mediación del Ministerio de Empleo para que las negociaciones puedan fructificar.

Según los sindicatos, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aceptó abrir una vía de diálogo, después de que los grupos parlamentarios -Ciudadanos, PSOE, Podemos y Coalición Canaria- aseguraran que no respaldarían una reforma legislativa sin negociación.

Para los sindicatos, ha sido decisiva en este proceso la intervención del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que "viene a rematar las gestiones y manifestaciones vertidas a la opinión pública por distintos representantes del PSOE", partido que desde la primera reunión en el ministerio del jueves 2 ha apoyado la postura de los trabajadores, y que ha asegurado que no respaldaría una reforma impuesta.

Ante la inminente huelga, para la que Fomento había declarado unos servicios mínimos del cien por cien en el caso de las operaciones que afecten a mercancías perecederas o peligrosas o los suministros esenciales a los territorios insulares, Ceuta y Melilla, y del 50 % para el resto de servicios, los sectores económicos echaron cuentas sobre el impacto que puede tener la protesta de los estibadores.