El departamento de Comercio de EEUU levanta durante 90 días el veto a Huawei y a sus filiales para preparar una transición.

Eso sí asegura que tras esta licencia de tres meses la compañía ya no tendrá presencia en el país. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, ha asegurado en un comunicado que así los operadores tendrán tiempo para tomar medidas. También para los proveedores que dependen de Huawei. Puntualiza que se mantendrán las investigaciones sobre ciberseguridad para mantener la seguridad de las redes.

El comunicado aclara que, "cualquier exportación, reexportación o transferencia dentro del país de artículos sujetos" al veto "seguirá requiriendo de una licencia especial" que el Departamento de Comercio debe otorgar "bajo presunción de denegación".

El fundador y presidente ejecutivo de Huawei, Ren Zhengfei, acaba de negar que estas restricciones a sus productos y a sus suministros afecten al despliegue de la tecnología 5G, en la que la firma, según él, aventaja en dos o tres años a sus competidores. En una entrevista con medios estatales asegura que la compañía ya estaba preparada para lidiar con esa restricción.

"Podemos hacer chips tan buenos como los que hacen las compañías estadounidenses, aunque eso no significa que no compraremos chips de ellos", ha aseverado el ejecutivo.

También ha dicho que su compañía "no excluirá" a los suministros procedentes de Estados Unidos y que Huawei está "muy agradecida a las empresas estadounidenses", entre ellas la tecnológica IBM.

Preguntado por cuánto tiempo durará la crisis en torno a Huawei, el ejecutivo ha señalado que la cuestión debería plantearse directamente al presidente estadounidense, Donald Trump.

"La responsabilidad debería dirigirse hacia los políticos de Estados Unidos, no hacia sus empresas", ha finalizado.

Un grupo de más de 170 compañías, incluidas Nike y Adidas, reclaman al presidente, Donald Trump, que elimine el calzado de la lista de productos que podrían verse afectadas por aranceles del 25%. En una carta enviada a Trump asegura que los efectos serían catastróficos para los consumidores, las empresas y la economía estadounidense. Según la patronal esos aranceles incrementarían el coste para sus clientes en 7.000 millones de dólares anuales. Por otra parte, el Gobierno ha emitido una alerta este lunes sobre la posibilidad de que algunos drones fabricados por empresas chinas recopilen información sensible para mandarla al Ejecutivo de Pekín.