Así se valieron Santander, BBVA o Iberdrola de unas ayudas "ilegales"

Tras el veredicto de la justicia europea, el Gobierno podría solicitarles a las empresas devoluciones por exenciones de los últimos 20 años

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06/10/2021 17:34

Diez años después, la justicia europea resuelve. Las exenciones fiscales españolas aplicadas a las empresas que han ido haciéndose con acciones de otras compañías extranjeras son ilegales. El Banco Santander, el BBVA, Telefónica o Iberdrola tendrán que devolver millones por saltarse las reglas de competencia europeas. Pero… ¿qué es exactamente lo que ha pasado? ¿se puede hacer algo?

Escucha la historia completa en este podcast de Mercado Abierto:

Así se valieron Santander, BBVA o Iberdrola de unas ayudas "ilegales"

Tras el veredicto de la justicia europea, el Gobierno podría solicitarles a las empresas devoluciones por exenciones de los últimos 20 años

En 2002 España comenzó a aplicar la medida que ahora le tumba la justicia europea. El problema es este: el Gobierno del Partido Popular por aquel entonces, bajo la batuta de José María Aznar, aprobó el régimen fiscal de amortización del fondo de comercio financiero.

¿Y qué es esto? Pues un mecanismo por el que si una empresa que tributa aquí (cualquiera) se hace con una participación de una firma extranjera de, al menos, el 5% y la mantiene durante, mínimo, un año, lo que se ha ganado puede terminar deduciéndose en lo que la empresa que tributa en España debería pagar por impuesto de sociedades.

Pongamos un ejemplo (hipotético): el Banco Santander compra una participación en Apple (compañía estadounidense) del 5% y se la queda en cartera durante un año. Lo rendimientos que ha ganado durante los últimos 12 meses, sean los que sean, pueden terminar deduciéndose del impuesto de sociedades que el Santander deberá abonar al fisco español cuando haga su “particular” declaración de la renta.

¿Cómo puede ser esto? Gracias a la herramienta del “fondo de comercio financiero” que esto no es otra cosa que la capacidad de generar beneficios gracias a activos intangibles (por ejemplo, los títulos de las empresas) que pueden terminar generando beneficios futuros (valor de la marca, cartera de clientes o posicionamiento). Es decir, La diferencia entre el valor de una empresa en libros y el precio finalmente abonado al adquirirla.

Entre 2009 y 2011 la Comisión Europea ha estado investigando si esta medida fiscal (estatal) era o no incompatible con las regulación del comercio interior europeo y si lastraba o no a la competencia en el bloque. Al final se dijo que sí y se ordenó al Gobierno del todavía presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que devolviera todas las ayudas otorgadas (a través de exenciones) durante la última década.

De esto, en España, se han ido beneficiando durante casi 20 años varias empresas, entre ellas el Banco Santander o Santusa Holdings que, viendo que les iba a “tocar” el bolsillo, solicitaron al Tribunal General de Justicia de la Unión Europea que anulara esta decisión.

A esto se adhirió el Gobierno de España y, en principio, se les dio la razón en 2014 al considerar, no que las ayudas eran legales, sino que la Comisión no había podido demostrar que solo se les aplicaban a ciertas compañías.

Pero en Europa hay más de un escalafón y la burocracia comunitaria no es precisamente conocida por su “velocidad de decisión”.

Dos años después, en 2016, el Tribunal de Justicia, la máxima instancia judicial de la Unión Europea, revocó las sentencias y obligó al Tribunal General a posicionarse de nuevo sobre si la medida fiscal era o no selectiva. Y esto es importante porque es uno de los requisitos con los que se cuenta para deliberar si es una medida nacional de ayuda del Estado o no.

Esta medida provocó la reacción de varios parlamentarios europeos de entonces, especialmente británicos. De aquellos años datan grandes operaciones de empresas españolas en el Reino Unido: Telefónica adquirió O2; Santander, Abbey; e Iberdrola, Scottish Power. En un primer momento la Comisión Europea no vio base en las denuncias, pero posteriormente cambió de opinión, y en 2009 y 2011 exigió a España que recuperara el dinero que había dejado de percibir por estas ayudas. No obstante, muchas de estas operaciones quedan fuera de la reclamación al ser anteriores al 21 de diciembre de 2007.

Cambio de criterio

En 2018, vamos de bienio en bienio, el Tribunal General decidió cambiar su posición y dijo que la decisión de la Comisión Europea que calificaba de incompatible esta ayuda con el derecho comunitario estaba en lo cierto. Y que obligaba a España a abolir la norma y recuperar el dinero que se había dejado de ingresar desde 2007.

La corte, con sede en Luxemburgo, recordó que, según el derecho fiscal español, la amortización del fondo de comercio solo es posible a efectos fiscales en caso de combinación de empresas. Esto es, solo se puede aplicar si las empresas que acuerdan la compra-venta de acciones terminan en fusión. Este mismo año, en 2018, las compañías afectadas y el Estado volvieron a recurrir.

Para el TJUE, la norma española tenía un “carácter excepcional” y era “selectiva”, dando pie a un “trato diferenciado” entre empresas injustificable. Por tanto, aunque cree que las sentencias previas tienen algunos errores, estos no son suficientes para anular los fallos previos, ya que están justificados.

Hoy el Tribunal de Justicia confirma que, además de ser selectiva, es una ventaja “ilegal” y contraria al derecho europeo.

Más allá

La ratificación de este criterio tiene importancia porque es la base que utilizó Competencia en el caso contra Irlanda y Apple, por el que el Ejecutivo comunitario exige al Estado irlandés que reclame 14.300 millones por ayudas ilegales concedidas al gigante tecnológico estadounidense.

La forma en que las grandes empresas reducen sus facturas fiscales se ha convertido en un foco político y los reguladores de la Unión Europea ya están planteando la posibilidad de establecer un gran impuesto de sociedades mínimo internacional del 15%. Se decidirá, previsiblemente, en la cumbre del G20 de finales de mes en Roma.

Así las cosas, la Unión Europea sigue en su lucha contra las corporaciones y las ayudas ilegales que los estados, no solo España está en la lista, se empeñan en mantener. De momento, el Santander tendrá que pasar por caja y otras multinacionales como el BBVA o Telefónica también están en el punto de mira. Eso sí, siempre que el Gobierno quiera abrir esta “caja de Pandora”.

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